Es Interpretado erróneamente el proceso judicial del Proyecto Dominga por desinformación

El proyecto minero-portuario Dominga volvió al debate público en 2025 luego de que el Primer Tribunal Ambiental dispusiera repetir la votación del Comité de Ministros por falta de imparcialidad. La actualización del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la circulación de publicaciones falsas en redes también generaron confusión ciudadana sobre el verdadero estado administrativo del caso.

La discusión pública se ha visto enfrentada a información imprecisa. En la red social X. Según el análisis de Fast-Check “Estos son los personajes que aprobaron Dominga acá en Coquimbo”, circuló una imagen viral que atribuía la aprobación del proyecto a doce autoridades regionales, pese a que la composición real de la votación no coincidía con lo señalado e incluso incluía a una seremi que había sido reemplazada antes de la sesión. Este tipo de contenidos ha generado confusión y discusiones sobre la verificación sobre el verdadero estado administrativo del proyecto.

Entre los elementos más discutidos del caso Dominga se encuentran:

- Procesos administrativos objetados judicialmente.

- Riesgos ecológicos por la cercanía a la reserva.

- Información errónea que circula en redes sociales.

- Estudios ambientales desactualizados elaborados en 2015.

La confusión se intensificó cuando El Primer Tribunal Ambiental, en diciembre de 2024, luego de constatar que autoridades habían expuesto sus posiciones previas respecto al proyecto, determinó que la votación del Comité de Ministros debía repetirse por falta de imparcialidad. El fallo indicó que esto vulneraría el principio de confianza legítima, lo que hacía necesaria una nueva deliberación con un comité sin conflictos de interés.

Tras la sentencia, el SEA de Coquimbo actualizó en mayo de 2025 el estado del proyecto a “aprobado”, cumpliendo con la instrucción dada por el tribunal de retomar su tramitación judicial. Asimismo, la decisión de vigencia del proceso administrativo fue ratificada por la Corte Suprema, descartando la posibilidad de que el proyecto estuviera sin opción de continuidad. Este cambio generó debate público, ya que se creía que no existía una vía institucional para avanzar.

Además de ordenar repetir la votación, el Primer Tribunal Ambiental instruyó la realización de una nueva sesión del Comité de Ministros específicamente para resolver Dominga, estableciendo que esta instancia debía tener una composición distinta a la objetada previamente. La orden detalló que se debía volver a examinar los antecedentes administrativos y técnicos del Estudio de Impacto Ambiental, revisar las observaciones ciudadanas y decidir bajo los principios de objetividad e imparcialidad.

La sentencia fue interpretada de diversas formas entre organizaciones ambientales y especialistas. Desde la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), su director aseguró que el fallo del tribunal habría realizado una intervención excesiva en el proceso administrativo, al definir criterios específicos sobre cómo debe actuar el Comité de Ministros en su nueva deliberación, lo que podría tensionar la autonomía del sistema institucional y el control jurisdiccional que ejercen.

La oposición al proyecto Dominga es manifestada por la Lista Izquierda Ecologista

Estas controversias han contribuido a tensiones entre las comunidades locales y, en medio de este escenario, la coalición Izquierda Ecologista, Popular, Animalista y Humanista ha cobrado presencia en la discusión regional. La lista ha enfatizado que Dominga evidencia las falencias en participación ciudadana y el acceso a información clara y oportuna sobre proyectos de gran impacto. También resalta la importancia de comprender cómo las decisiones judiciales se aplican en áreas de conservación y en comunidades que demandan mayor participación.

Francisca Pemjean, miembro del pacto y candidata a diputada, afirma que “tenemos una postura que es incómoda para la mayoría porque estamos contra Dominga y lo decimos abiertamente. En estos períodos electorales siempre va a haber un cerco mediático y una bajada de información para evitar que esto se mencione”. Para Pemjean, la controversia se mantiene: “es un proyecto que ya se ha rechazado tantas veces y aun así sigue en un debate eterno sobre si aceptarlo o rechazarlo”.

La candidata también señala que “Dominga es una papa caliente por distintas razones, especialmente por la antigüedad de sus estudios ambientales. Están hechos con información del 2013 y la legislación cambió. Este ciclo en la corte tiene que terminar para poder dar el paso siguiente, funciona en etapas que deben cumplirse”, advirtiendo además que “la empresa Andes Iron tiene otros proyectos en la región, tapados con tierra, sin discusión pública porque todo el foco está en Dominga”.

Rodrigo Andrade, candidato de la lista, complementa esta mirada mencionando que “el gobierno prometió ser el primer gobierno ecologista de la historia del país y no lo fue. La permanencia del caso demuestra que no estuvo a la altura, porque seguimos hablando de un proyecto como Dominga que está muerto y rechazado”. Según la Lista, el proyecto evidencia una clara falla estructural, lo que vuelve imprescindible una participación territorial más activa en decisiones ambientales.

Este debate continúa evidenciando tensiones entre desarrollo económico y protección ambiental. La combinación de fallos judiciales, procesos administrativos y circulación de información parcial muestra que el estado real del proyecto es complejo. En este contexto, actores locales y movimientos como la Lista D insisten en la importancia de la transparencia, el diálogo territorial y el acceso a datos oficiales, destacando que cualquier decisión futura implica respetar etapas legales y considerar a las comunidades afectadas.